El gobierno de PP, valiéndose de la mayoría absoluta, (que cosecharon gracias a sus mentiras), ha impulsado una amnistía fiscal, que solamente va a beneficiar a los defraudadores. Ya que mediante una ridícula compensación del 10% del montante defraudado, podrán ubicar sus capitales a buen recaudo, fuera de las cajas de seguridad de los bancos, que además no les produce ninguna rentabilidad. Pudiendo obtener un considerable rendimiento financiero por dichos capitales. Esta medida no va a servir para reactivar la economía ya que esos capitales se van a canalizar a través de instrumentos financieros, tipo fondos de inversión, que eluden la tributación de las plusvalías obtenidas indefinidamente y que solo servirá para abastecer a los sedientos mercados de capital.
La fórmula empleada, además evitará que aflore buena parte de dichos capitales, ya que muchos de ellos, por su cultura, se negarán incluso a pagar ese ridículo 10% establecido. A pesar de representar una opción muy ventajosa para ellos, evitando soportar un tipo medio de IRPF-IS, que podría rondar el 30%, además del 18% de IVA que casi con total seguridad correspondería de los importes “defraudados”. De querer aplicar una amnistía fiscal de forma responsable y además “atractiva”, para esos “malos contribuyentes” habría que plantearla en los siguientes términos:
Quien quiera acogerse a una “amnistía fiscal”, debería hacerlo mediante la suscripción de bonos del Estado, a diez años mínimo, con una rentabilidad máxima del 2% anual, a partir del segundo año, (siendo el primero de carencia). Con esta medida, se conseguiría que teniendo en cuenta los tipos que actualmente soporta el estado para financiarse a 10 años (+ 7% anual), el supuesto defraudador terminaría reportando a las arcas del estado, aproximadamente un rendimiento del +50% de lo defraudado, sin tener que salir de su bolsillo dicho desembolso y aliviando a su vez la carga financiera que el estado soporta para financiarse. Esta medida además del beneficio recaudatorio y financiero, sería ciertamente un método para poner en circulación de forma real el capital oculto. Contando con una garantía solvente como lo es el Estado y con un rendimiento más que aceptable para el defraudador, teniendo en cuenta los rendimientos de los distintos productos financieros que hay en el mercado. La propuesta necesita ser desarrollada y concretados los posibles flecos, pero el análisis primario es claro: 50% de recaudación frente a un 10% previsto por el PP; Alivio de la carga financiera del Estado y puesta en circulación real del capital oculto, principalmente en las cajas de seguridad de los bancos. Además el defraudador no realiza desembolso alguno por “lavar” sus euros y obtiene una rentabilidad relativamente alta en comparación con los mercados financieros equiparables.
En otro orden de cosas, se hace necesario la revisión de la tributación de los fondos de inversión. Ya que el sistema actual hace que solo se tribute por estos fondos o las SIICAC, cuando se hacen disposiciones de capital. Por lo que los grandes capitales que no necesitan hacer uso de esos fondos, no tributan en absoluto aún cuando les están generando grandes plusvalías año tras año. El método no puede ser de tributación cuando hay disposición, por lo que habría que plantearse una tasa anual sobre la plusvalía generada, con independencia de sí hay disposición de capital o no. Con esto además de conseguir una tributación real de los grandes capitales, se les forzaría a mover su dinero en inversiones que promuevan el empleo y la actividad económica. No como hasta ahora que se limitan al mercado especulativo exclusivamente, con las nefastas consecuencias que todos estamos padeciendo.
Otro de los factores que habría que regular, sino eliminar, son las denominadas operaciones a corto, o apuestas a la baja sobre el valor de las acciones. Esta herramienta especulativa no hace otra cosa que dañar la estabilidad en bolsa de las distintas empresas, para que unos cuantos se enriquezcan a costa de las pérdidas que le ocasionan a otro, mediante la alteración del mercado. Este tipo de prácticas deben ser prohibidas definitivamente y deben ser sancionadas todas las maniobras especulativas, ya que se trata claramente de complots para alterar el valor de las cosas, con lo que penalmente esto viene a significar.
Os animo a trabajar en esta otra línea, mediante la presentación de las distintas iniciativas parlamentarias que aquí os planteo. Tenemos que ir marcando con claridad las diferencias políticas que representa un gobierno Socialista, respecto de una derecha-liberal como la que hoy nos gobierna, o mejor dicho desgobierna, (gracias a sus mentiras). Hay que demostrar que los Socialistas sabemos de economía, pero de economía para todos y no solo para beneficio de los más pudientes.
