Carta a un Compañero.
En la presente, te quiero exponerte mi punto de vista respecto a la Comarca de la Axarquía y los problemas de interpretación y/o aplicación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, más conocida como LOUA.
Debemos partir de que todo reglamento esta vinculado a una ley, por lo tanto no puede existir reglamento sin ley, pero si ley sin reglamento. A mi modo de ver, este es el punto de partida del problema.
De aquí surge la primera cuestión: inseguridad jurídica existente, evidente y notable, y cada vez más. La jurisprudencia interpretativa, puede ser mucha, y a veces antes de que aparezca el reglamento después de la ley. Con lo cual, se produce la perversión de que una ley sin reglamento sea interpretada en primera sede por los tribunales. Esto parece una perversión del sistema legislativo o del sistema de hacer las normas. La ley debería de haber salido con su reglamento o no aplicarse hasta que lo tuviera. Por tanto, se podría concluir que tenemos un ordenamiento jurídico inseguro y sino a la vista está lo que está sucediendo con gran parte de nuestros representantes locales (los que han actuado de buena fe).
Es cierto que la ausencia de desarrollo reglamentario no puede interferir la aplicación del contenido de las leyes; así se ha manifestado el Tribunal Supremo (por ejemplo, en la sentencia de 24 de noviembre de 1991 [ RJ 1991\8616] , relativa al no desarrollo reglamentario de la Ley General Tributaria de 1963), al señalar que la previsión legal de una institución no queda sin efecto por no haberse regulado las oportunas normas procedimentales, pues «ello supondría una situación de ineficacia de las Leyes no establecida en el ordenamiento.». Por tanto, los mandatos contenidos en la Ley (LOUA), resultan plenamente aplicables desde la entrada en vigor de la misma. Sin embargo, se deduce que existen varias cuestiones respecto a las cuales la ausencia de reglamento es especialmente significativa. Principalmente la concreción del contenido de la documentación-acreditación a aportar en determinados supuestos, directamente conectada con la sancionabilidad de los incumplimientos en materia Urbanística.
En cuanto a la LOUA, cabe destacar, lo previsto en lo relativo a reglamentación supletoria que se cita en laDISPOSICION TRANSITORIA NOVENA: Seguirán aplicándose en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de forma supletoria y en lo que sea compatible con la citada Ley y otras disposiciones vigentes, las siguientes:
a) Real Decreto 2159/1978, del Reglamento de Planeamiento.
b) Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, del Reglamento de Gestión Urbanística.
c) Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, del Reglamento de Disciplina Urbanística.
La remisión a estas figuras reglamentarias "supletorias", no hace otra cosa que poner de manifiesto la clara indefensión jurídica que supone la interpretación de una Ley actual con un articulado que resulta obsoleto. Por ello se hace necesaria o mejor dicho imprescindible la aprobación de un reglamento pormenorizado que recoja las definiciones relativas a los proyectos de actuación y de los requisitos para acreditar la vinculación a la explotación agrícola. Sin lugar a dudas se necesita desarrollar reglamentariamente lo dispuesto en el artículo 52 de la LOUA, que es el principal motivo de imputación de políticos y técnicos municipales en nuestro ámbito y que en la mayoría de los casos se han limitado a interpretar en su lado más flexible una Ley carente de reglamento que la desarrolle y que por tal circunstancia quedan a la interpretación que la Justicia pueda hacer de ella. (la LOUA, prevee la posibilidad de reglamentar parcialmente la misma según su disposición final).El principal problema que se plantea con la actual situación de la LOUA, es la falta de concreción de determinados supuestos que ya deberían de estar desarrollados dentro de su pertinente Reglamento.
Por estos motivos, considero que debe ser una prioridad la elaboración de un reglamento (consensuando la problemática ya acreditada), que de soporte a la LOUA y en el que se de la debida claridad a las partes mas ambiguas de la misma.
No se trata por tanto de un problema de enjuiciamiento penal, civil o administrativo, sino de una falta de reglamentación que asiente debidamente la forma de proceder y que daría lugar al encauzamiento de una situación muy delicada. Tampoco se trata de cambiar una Ley con el impacto político y social que podría causar al que ninguno podemos ser ajenos, (el PP se frotaría las manos), pero hay margen para la reconducción de la situación y ese margen se debe de aplicar desde la institución responsable de la Ley.
Te agradecería des traslado de mis observaciones a quien corresponda, para que se ponga en marcha cuanto antes las medidas necesarias.
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