Harto
de escuchar las falacias que la derecha viene vertiendo sobre la actitud del
PSOE con el problema de la inmigración y los supuestos efectos llamada sin
ningún tipo de sustento que lo acredite. Me he tomado la molestia de analizar la legislación
diseñada por cada partido durante su etapa de gobierno, pues no hay nada como
la promulgación de leyes para identificar la acción política de cada cual y así
desmontar las mentiras de la derecha al respecto.
España
ha sido siempre un país de emigración, por lo que legislativamente se había
centrado principalmente en este ámbito y la legislación referente a extranjería era escasa. De ahí que el primer
intento de solucionarlo se dio con Felipe González de Presidente y con José
Barrionuevo de Ministro del Interior, mediante la Ley Orgánica 7/1985, sobre Derechos y Libertades de los
extranjeros, que fue duramente criticada por su tratamiento
policial del fenómeno migratorio, su regulación restrictiva en materia de
derechos de los extranjeros. Algunas organizaciones sociales denunciaron
entonces que se trataba de la norma más dura de Europa. La Ley fue objeto de
recurso de inconstitucionalidad, resuelto por la Sentencia
del Tribunal
Constitucional 115/1987,
que anuló varios aspectos de la ley.
La suavización de la Ley de
Extranjería se produjo por la Ley Orgánica 4/2000
de la mano de José María Aznar como Presidente y con Jaime Mayor Oreja como
Ministro de Interior,
que es la que, tras experimentar diversas modificaciones, está en vigor en la
actualidad. Esta Ley supuso un cambio importante, al introducir políticas de
flexibilización de la inmigración, integración, ampliar los derechos de los
inmigrantes y establecer un principio general de igualdad con los españoles. Jaime Mayor Oreja,
Ministro del
Interior, defendió entonces
la reforma afirmando que garantizaba los derechos y libertades de los
inmigrantes y se adecuaba a la normativa y la práctica en el seno de la Unión Europea.
El
Reglamento de la nueva ley de extranjería fue adoptado por Real Decreto 864/2001, siendo Ministro del Interior Mariano Rajoy. La Ley fue reformada dos veces de la Mano del Ministro Ángel Acebes y
un PP con mayoría absoluta. La primera, por la LO 11/2003,
afectó fundamentalmente a la expulsión de extranjeros
indocumentados y estableció la conmutación de penas de prisión de hasta seis años por la
expulsión.
Sí
es cierto que como consecuencia de este desaguisado orquestado por el Partido
Popular, cuando José Luis Rodríguez
Zapatero llegó a La Moncloa, se vio en la obligación de regularizar la situación de
miles de inmigrantes que habían llegado durante todo ese tiempo sin que el
gobierno del PP hubiera actuado. Por lo que procedía sacar de la economía
sumergida a quienes llevaban más de una década asentados aquí, indocumentados y
sin derechos. Inmigrantes indocumentados arraigados aquí que suponían carne débil que poder explotar y con la que
rebajar el nivel de exigencia del resto de trabajadores. Esto se acompañó de
fondos para el desarrollo en los países de origen para evitar precisamente el
flujo migratorio descontrolado que no beneficia a nadie.
Con
la llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa, volvimos a la llegada masiva de indocumentados para nutrir
la economía sumergida, que tanto daño hace al estado de bienestar y que tanto
debilita a los trabajadores en posesión de sus plenos derechos, por la
competencia del mercado irregular que fomenta la derecha. Así como a cancelar
los fondos de cooperación creados precisamente para frenar el flujo migratorio
descontrolado que estamos sufriendo hoy.
Esta
es la realidad de la inmigración irregular y no la que nos quieren contar.

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