jueves, 27 de diciembre de 2018

Las falacias de la derecha en materia de Inmigración


Harto de escuchar las falacias que la derecha viene vertiendo sobre la actitud del PSOE con el problema de la inmigración y los supuestos efectos llamada sin ningún tipo de sustento que lo acredite. Me he tomado la molestia de analizar la legislación diseñada por cada partido durante su etapa de gobierno, pues no hay nada como la promulgación de leyes para identificar la acción política de cada cual y así desmontar las mentiras de la derecha al respecto.


España ha sido siempre un país de emigración, por lo que legislativamente se había centrado principalmente en este ámbito y la legislación referente a  extranjería era escasa. De ahí que el primer intento de solucionarlo se dio  con Felipe González de Presidente y con José Barrionuevo de Ministro del Interior, mediante la Ley Orgánica 7/1985, sobre Derechos y Libertades de los extranjeros, que fue duramente criticada​ por su tratamiento policial del fenómeno migratorio, su regulación restrictiva en materia de derechos de los extranjeros. Algunas organizaciones sociales denunciaron entonces que se trataba de la norma más dura de Europa.​ La Ley fue objeto de recurso de inconstitucionalidad, resuelto por la Sentencia del Tribunal Constitucional 115/1987,  que anuló varios aspectos de la ley.

La suavización de la Ley de Extranjería se produjo por la Ley Orgánica 4/2000 de la mano de José María Aznar como Presidente y con Jaime Mayor Oreja como Ministro de Interior, que es la que, tras experimentar diversas modificaciones, está en vigor en la actualidad. Esta Ley supuso un cambio importante, al introducir políticas de flexibilización de la inmigración,  integración, ​ ampliar los derechos de los inmigrantes y establecer un principio general de igualdad con los españoles. ​ Jaime Mayor Oreja, Ministro del Interior, defendió entonces la reforma afirmando que garantizaba los derechos y libertades de los inmigrantes y se adecuaba a la normativa y la práctica en el seno de la Unión Europea. 

El Reglamento de la nueva ley de extranjería fue adoptado por Real Decreto 864/2001, siendo Ministro del Interior Mariano Rajoy. La Ley fue reformada dos veces de la Mano del Ministro Ángel Acebes y un PP con mayoría absoluta. La primera, por la LO 11/2003, afectó fundamentalmente a la expulsión  de extranjeros indocumentados y estableció la conmutación de penas de prisión de hasta seis años por la expulsión.

Sí es cierto que como consecuencia de este desaguisado orquestado por el Partido Popular, cuando José Luis Rodríguez Zapatero llegó a La Moncloa, se vio en la obligación de regularizar la situación de miles de inmigrantes que habían llegado durante todo ese tiempo sin que el gobierno del PP hubiera actuado. Por lo que procedía sacar de la economía sumergida a quienes llevaban más de una década asentados aquí, indocumentados y sin derechos. Inmigrantes indocumentados arraigados aquí que suponían carne débil que poder explotar y con la que rebajar el nivel de exigencia del resto de trabajadores. Esto se acompañó de fondos para el desarrollo en los países de origen para evitar precisamente el flujo migratorio descontrolado que no beneficia a nadie. 

Con la llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa, volvimos a la llegada masiva de indocumentados para nutrir la economía sumergida, que tanto daño hace al estado de bienestar y que tanto debilita a los trabajadores en posesión de sus plenos derechos, por la competencia del mercado irregular que fomenta la derecha. Así como a cancelar los fondos de cooperación creados precisamente para frenar el flujo migratorio descontrolado que estamos sufriendo hoy.

Esta es la realidad de la inmigración irregular y no la que nos quieren contar.

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