Luchar
contra la economía sumergida debería ser una prioridad de todas las
administraciones pues la fuga de recursos tributarios genera grave
perjuicio a todos.
Los servicios de inspección estatal están muy
limitados como consecuencia de la política de recortes del gobierno del
PP y ello está permitiendo demasiada impunidad por parte de quienes se
nutren de la economía sumergida.
Por todo eso propongo la modificación del artículo 56 de la Ley 13/2001, de Coordinación de las Policías Locales, por el que se detallan las funciones de los agentes de dicho
cuerpo.
Se
trataría concretamente ampliar los supuestos de inspección en materia
socio-laboral y fiscal de los diferentes establecimientos del municipio
de su ámbito de actuación
por parte de los agentes de la policía local de cada municipio.
El
agente deberá identificar a todo el personal que esté prestando sus
servicios en los establecimientos objeto de inspección detallando datos
personales funciones y horario
en el que se encuentra en el mismo. Datos que
procederá a comunicar a los servicios de empleo para su cotejo y
posterior actuación en caso de incongruencia documental.
Identificación de cualquier actividad económica
que se observe sospechosa de economía
sumergida procediendo a comunicarlo ante la agencia tributaria y la
inspección de trabajo para que procedan a su regularización.
Poniendo
en práctica esta medida conseguiremos que se regularice la situación
laboral de miles de empleados que o bien carecen de contrato o lo tienen
por un determinado
número de horas que no se corresponde con la realidad.
Además
de frenar la presencia de los típicos “chapuzas” que realizan trabajos
de diferente índole sin estar dados de alta en el Régimen de Autónomos y
que supone una verdadera
competencia desleal además de ilegal frente a los autónomos que sí
cumplen con sus obligaciones.
La
idea no es una medida recaudatoria mediante la sanción (que existirá),
sino que mediante el aumento del riesgo a ser inspeccionados, sean de
forma voluntaria ellos quienes
decidan estar en regla en sus obligaciones fiscales y laborales.
Con
esto conseguiremos que Andalucía refleje una verdadera mejoría en los
índices de empleo y de recaudación fiscal justas que nos permitan romper
con los molestos tópicos
además de permitir una mayor disponibilidad presupuestaria.

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