jueves, 12 de noviembre de 2026

Los que no reman: el abuso de lo público

 

Los que no reman: el abuso de lo público y cómo frenarlo


Quien no se siente parte del sistema termina por no respetarlo. Y quien no lo respeta, tarde o temprano, lo saquea. 

Paco Medina

El Estado del bienestar no se rompe de golpe. Se desgasta poco a poco, por abajo y por arriba, cada vez que alguien toma lo que no le corresponde mientras otros pagan la factura. Este artículo parte de una idea que escribí aquí hace casi una década —la marginalidad fiscal— y la lleva a su consecuencia lógica: la marginalidad del deber. Gente que vive del sistema sin sentirse parte de él, y que con su conducta empeora el servicio para quienes sí lo sostienen.

El punto de partida: la marginalidad fiscal

En marzo de 2017 publiqué en este blog un texto breve titulado Marginalidad Fiscal. Mi tesis era sencilla: a fuerza de rebajar, eximir y bonificar, el sistema tributario español había expulsado a dos grupos. Por arriba, a quienes más tienen, beneficiados por la erosión del IAE, la fiscalidad de los fondos de inversión, el Patrimonio descafeinado y la carrera autonómica a la baja en Sucesiones. Por abajo, a quienes quedaron exentos de toda tributación como “carnaza” para dulcificar lo anterior.

El resultado, decía entonces, es que la carga recae sobre la franja del medio —clases medias y trabajadores algo menos precarios— y que ambos extremos dejan de sentirse parte del sistema. Mi propuesta: que todos aporten según su capacidad, aunque sea poco, para que todos sientan lo público como algo propio.

El diagnóstico sigue vigente, pero se quedaba en el lado de los ingresos. Falta mirar el lado del gasto: qué pasa cuando quien no aporta, o aporta mucho menos de lo que debería, se sienta en primera fila a la hora de recibir. Ahí la marginalidad fiscal se convierte en algo más corrosivo: el aprovechamiento sistemático de lo público por quien tiene la cara dura suficiente para hacerlo.

El deber constitucional: todos contribuyen, nadie queda fuera

La Constitución no deja margen a la duda. Su artículo 31.1 establece que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica”, mediante un sistema tributario justo, inspirado en la igualdad y la progresividad, y nunca confiscatorio.

La palabra clave es todos. El texto no excluye a nadie. La capacidad económica decide cuánto aporta cada uno, no si aporta. Quien más tiene debe aportar más, y quien menos tiene, menos. Pero ningún ciudadano queda al margen del deber. Dejar exento un mínimo vital es razonable y justo; convertir esa exención en una salida del sistema, no.

Ese deber tiene, además, una cara que suele olvidarse: la del gasto. El artículo 31.2 obliga a que el gasto público haga una asignación equitativa de los recursos y responda a criterios de eficiencia y economía. Es decir, la Constitución no solo pide que todos paguen con justicia; también pide que lo recaudado se reparta con justicia.

De ahí se sigue algo incómodo para muchos. Quien oculta ingresos para cobrar una beca incumple el artículo 31 dos veces: no contribuye según su capacidad real y, además, se lleva un recurso que la Constitución quiere asignado con equidad. No es un pícaro simpático. Es alguien que rompe el pacto constitucional por los dos extremos.

Una contribución justa no significa que paguen siempre los mismos, ni que el que menos tiene quede liberado de todo compromiso. Significa que cada uno aporte lo que de verdad puede, que declare lo que de verdad gana y que reciba lo que de verdad necesita. Por eso defiendo que todos los ciudadanos con ingresos estén dentro del sistema, aunque su cuota final sea cero o casi cero: con una declaración que refleje su situación real. Estar dentro es la condición para sentirse parte; y sentirse parte, la mejor vacuna contra el abuso.

Becas y ayudas: el premio a quien declara poco

Casi todas las ayudas de carácter social en España —becas de comedor, libros, guardería, transporte, actividades extraescolares, bonificaciones municipales— miran lo mismo: la renta declarada. La beca de comedor se calcula sobre la base imponible general y del ahorro del IRPF de la unidad familiar, dividida entre sus miembros. Lo que no está en la declaración, sencillamente, no existe para la Administración.

Ahí está la trampa. Una familia de asalariados con dos nóminas modestas puede quedarse fuera por unos cientos de euros. Otra que factura la mitad de su actividad sin IVA, cobra alquileres en efectivo o trabaja “sin papeles” aparece en la base de datos como pobre de solemnidad. Y pasa por delante.

No es un problema menor ni teórico:

•             La economía sumergida en España se estima entre el 15 % y el 25 % del PIB según la metodología; el estudio del CEPR citado por Gestha la sitúa en el 24 %, tercera de Europa tras Grecia e Italia.

•             Andalucía figura entre las comunidades con mayor peso relativo, con estimaciones en torno al 23-26 % del PIB regional.

•             Aunque la ocultación de rentas ha bajado, los españoles solo declaraban en 2022 en torno al 85 % de la renta que obtenían.

Las ayudas son limitadas. Las convocatorias tienen presupuesto cerrado y lista de admitidos. Según un estudio de Educo, los sistemas de beca de comedor dejan fuera a la mitad de las familias que la solicitan, la mayoría por superar el límite de renta. Cada plaza que ocupa quien oculta ingresos es una plaza que pierde quien los declara. No es un fraude “contra el Estado” en abstracto: es un fraude contra el vecino.

El subsidio de mayores de 52: de red de seguridad a prejubilación pactada

El subsidio para mayores de 52 años es una de las ayudas más justas del sistema. Protege a quien ha trabajado al menos 15 años, pierde su empleo a una edad en la que nadie le contrata y necesita llegar a la jubilación sin hundir su pensión. Paga unos 480 euros al mes y, lo más valioso, cotiza para la jubilación sobre el 125 % de la base mínima hasta la edad ordinaria.

Precisamente por ser tan valioso, se ha convertido en una herramienta de planificación. La reforma de 2019 bajó la edad de 55 a 52 años, permitió cobrarlo hasta la jubilación ordinaria y pasó a medir la renta de forma individual, sin mirar la de la familia. Desde entonces, los perceptores han pasado de 293.891 en marzo de 2019 a 464.664 en mayo de 2026, un 58 % más.

Parte de ese aumento es envejecimiento y paro de larga duración real. Pero cualquiera que conozca de cerca el mercado laboral reconoce el otro patrón:

•             El despido “pactado” a los 52 o 53 años, indemnización en el bolsillo, paro contributivo y después subsidio hasta los 65 o 67.

•             El perceptor que, mientras cobra y cotiza a cargo del SEPE, sigue haciendo “trabajillos” sin declarar.

•             El perceptor que no tiene rentas a su nombre pero vive en un hogar con patrimonio y buenos ingresos, porque el cónyuge no computa.

No lo dice solo la barra del bar. Fedea calcula que la reforma costará 17.935 millones de euros adicionales hasta 2030 y advierte de su efecto desincentivador sobre la vuelta al empleo. La OCDE ha pedido revisar su diseño por dar ventajas que no tienen otros parados. Y la AIReF constata que el cobro simultáneo del IMV y del subsidio se duplica a partir de los 52 años, y propone revisar la coherencia entre ambas ayudas.

El problema no es el subsidio. Es que una protección pensada para el desempleado sin salida se use como prejubilación encubierta, pagada por quienes siguen trabajando.

Pensiones con apenas cotización: lo que es justicia y lo que es trampa

Aquí conviene separar con cuidado, porque no todo el que cobra sin haber cotizado mucho es un aprovechado.

La pensión no contributiva existe para quien llega a los 65 años, o tiene una discapacidad, sin recursos y sin 15 años cotizados. En 2026 son 628,80 euros al mes en 14 pagas, con requisitos de residencia y de carencia de ingresos. Es un suelo de dignidad: muchas mujeres que cuidaron toda su vida sin contrato, o trabajadores del campo que nunca tuvieron papeles, cobran esto. Defenderla es defender el sistema.

La trampa es otra, y tiene dos formas principales:

1.          Comprar la cotización. Empresas ficticias, sin actividad ni trabajadores reales, que venden altas en la Seguridad Social. En una trama desarticulada en Valencia, las falsas empleadas pagaban 400 euros por el alta y entre 250 y 300 al mes para generar derecho a prestaciones. El Tribunal Supremo ha confirmado en 2025 condenas por altas ficticias usadas para mejorar una jubilación anticipada. Son esquemas que la Inspección de Trabajo ha detectado una y otra vez en sectores como el agrario o la construcción.

2.          Ocultar los ingresos. La no contributiva exige carecer de rentas suficientes. Quien cobra alquileres en efectivo, tiene un negocio familiar sin declarar o recibe ingresos del extranjero no comunicados, aparece como necesitado y cobra lo que no le corresponde.

En ambos casos, la víctima no es “el Estado”. Es el trabajador que cotizó 38 años y ve cómo cada reforma le exige más años, más edad y una base reguladora más larga, mientras otros entran por la puerta de atrás.

Urgencias: el colapso que pagamos todos

Un catarro de tres días, un dolor de muelas, un justificante para el trabajo, una analítica que “en el centro de salud tardan mucho”. Cualquiera que haya esperado seis horas en urgencias con un familiar grave sabe de lo que hablamos.

Los datos lo confirman. En España, más del 90 % de las visitas a urgencias hospitalarias se hacen por iniciativa del propio paciente, y los estudios sitúan el porcentaje de visitas inadecuadas —que podrían haberse resuelto en atención primaria— entre el 25 % y el 80 %, según el criterio usado. La propia SEMES, la sociedad de médicos de urgencias, insiste en que la puerta de entrada debe ser la atención primaria y que las urgencias hospitalarias deben reservarse para lo grave.

Seamos justos: una parte de ese uso se explica por la dificultad real de conseguir cita en el centro de salud. Cuando el médico de familia da cita a dos semanas, la gente busca otra puerta. Pero otra parte es pura comodidad: “allí me hacen todo de una vez”. Y cada caso banal que ocupa un box retrasa al infarto, al ictus o al niño con fiebre alta que llega detrás. Es la forma más visible de un mismo vicio: usar lo común como si fuera propio y gratuito.

El daño real: no es solo dinero

El coste económico es evidente: cada euro mal asignado es un euro que no llega a quien lo necesita, o que hay que recaudar de nuevo a los mismos de siempre. Pero el daño más profundo es otro, y es el que ya intuía el artículo de 2017.

•             Se rompe el contrato social. El Estado del bienestar funciona porque la mayoría acepta pagar a cambio de una protección que siente justa. Cuando el contribuyente honrado percibe que paga para que otros abusen, deja de defender el sistema. Y empieza a pensar que el tonto es él.

•             Se castiga al que cumple. La familia que declara todo pierde la beca. El parado que busca trabajo de verdad compite con el que cobra y hace chapuzas. El paciente grave espera detrás del que va por un resfriado.

•             Se alimenta el discurso del recorte. Cada abuso conocido es munición para quienes quieren desmontar lo público. “Para qué financiar ayudas si se las llevan los listos”. Los aprovechados son los mejores aliados de quienes quieren menos Estado.

•             Se estigmatiza a los vulnerables. Por culpa de unos pocos, la sospecha cae sobre todos los que reciben una ayuda, incluidos los que más la necesitan y menos se atreven a pedirla.

Quien abusa de lo público no le roba a una abstracción. Le roba a su vecino, al enfermo de la sala de espera y al trabajador que madruga. Y, de paso, le da argumentos a quien quiere acabar con todo.

Soluciones: menos indignación y más gestión

Quejarse es fácil. Estas son medidas concretas, la mayoría al alcance de la Administración con las herramientas que ya tiene.

Para las ayudas sociales y las becas

1.          Cruce de datos real y automático entre AEAT, Seguridad Social, SEPE, Catastro, DGT y comunidades autónomas antes de conceder cualquier ayuda. Si una familia declara 9.000 euros y tiene dos vehículos nuevos, una segunda vivienda o movimientos bancarios incoherentes, la solicitud debe revisarse.

2.          Mirar el patrimonio, no solo la base imponible. Incluir indicadores de patrimonio y signos externos en los baremos, como ya se hace en algunas becas universitarias.

3.          Reintegro con intereses y exclusión temporal de cualquier ayuda pública para quien la obtenga ocultando ingresos. Que el fraude no salga gratis ni se quede en “devuelve lo cobrado”.

Para el subsidio de mayores de 52

4.          Volver a un test de rentas que considere el hogar, o al menos su patrimonio, para que no cobre quien vive con holgura a cargo de otro miembro de la familia.

5.          Controlar los despidos pactados en la franja de 50 a 55 años y exigir búsqueda activa de empleo con seguimiento real, no solo formal.

6.          Ordenar la compatibilidad con el IMV, como recomienda la AIReF, para que cada necesidad se cubra por una sola vía.

Para las pensiones

7.          Inspección prioritaria de empresas sin actividad real y de los autorizados RED que gestionan altas masivas, como ya propone el propio Observatorio de lucha contra el fraude de la Tesorería.

8.          Revisión periódica de rentas de los perceptores de pensiones no contributivas, incluidas rentas del extranjero, mediante el intercambio automático de información entre países.

Para la sanidad

9.          Reforzar la atención primaria primero. En Inglaterra, mejorar el acceso a primaria redujo entre un 10 % y un 15 % las urgencias hospitalarias. Sin esto, todo lo demás es castigar al paciente por un fallo del sistema.

10.      Triaje con derivación efectiva de los casos leves a centros de salud o puntos de atención continuada, como ya hacen parte de los hospitales catalanes.

11.      Informar del coste. Una “factura informativa” tras cada atención recuerda que lo gratuito en el momento de uso lo pagamos entre todos.

Y una medida de fondo, que recoge el espíritu de 2017

12.      Combatir la economía sumergida en origen: menos efectivo, más trazabilidad de pagos, más inspección sectorial y menos amnistías. Mientras una parte de la población viva fuera del radar fiscal, todo baremo basado en la renta declarada premiará al que oculta.

No va de raza ni de religión: va de responsabilidad

Conviene decirlo claro para que nadie lo retuerza. Esto no va de españoles contra extranjeros, ni de pobres contra ricos, ni de una religión contra otra. Hay aprovechados con apellidos de toda la vida y con apellidos de cualquier parte del mundo. Igual que hay, en todos esos grupos, gente que trabaja, declara y cotiza hasta el último euro.

Tampoco conviene exagerar. Por cada caso de abuso hay muchas personas que tienen derecho a una ayuda y ni siquiera la piden, por desconocimiento o por vergüenza. Y el gran fraude, el que más dinero mueve, sigue estando arriba: en la planificación fiscal agresiva y en las bases imponibles que nunca llegan a España. Combatir el abuso de abajo sin combatir el de arriba sería repetir, al revés, el error que denunciaba el artículo de 2017.

La línea que separa no es el origen ni la renta. Es la actitud. Quien se siente parte del sistema lo cuida, aporta lo que puede y toma lo que necesita. Quien no se siente parte lo exprime. La marginalidad fiscal de la que hablaba en 2017 produce, a la larga, esta marginalidad del deber.

La solución no es recortar lo público, sino protegerlo. Que pague quien debe, que cobre quien lo necesita y que el que hace trampas sepa que le van a pillar. Un sistema que no distingue entre el que lo sostiene y el que lo saquea acaba perdiendo a ambos.


Paco Medina

Fuentes

•             Paco Medina, Marginalidad Fiscal, 21/03/2017

•             BOE, Constitución Española, artículo 31

•             Qué!, El subsidio para mayores de 52 años dispara sus beneficiarios tras la reforma, 30/06/2026 (datos SEPE y estudio de Fedea)

•             Qué!, Reforma del subsidio para mayores de 52: coste según Fedea, 23/06/2026

•             Finantres, El cobro simultáneo de IMV y subsidio se duplica desde los 52 años (5ª opinión de la AIReF sobre el IMV)

•             El Independiente, La OCDE y el subsidio de mayores de 52 años

•             Bankinter, Subsidio para mayores de 52 años: preguntas frecuentes

•             El Debate, España lidera la economía sumergida junto a Grecia e Italia

•             Diari de Tarragona, La economía sumergida ronda el 15 % del PIB

•             Euribor.com.es, Comunidades con más economía sumergida

•             El Español, Evasión fiscal en el IRPF

•             Corresponsables, Las becas de comedor dejan fuera a la mitad de las familias

•             Hacecuentas, Umbrales de renta de la beca de comedor

•             Finantres, Pensiones no contributivas en 2026

•             El Periòdic, Falsas empresas de limpieza para obtener prestaciones

•             Iberley, STS Sala de lo Penal, 19/11/2025

•             Revista Emergencias, Atenciones en urgencias a demanda del paciente y editorial 2019

•             Valencia Plaza, SEMES y el uso de urgencias

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