Los que no reman: el abuso de lo público y cómo frenarlo
Paco Medina
El Estado del bienestar no se
rompe de golpe. Se desgasta poco a poco, por abajo y por arriba, cada vez que
alguien toma lo que no le corresponde mientras otros pagan la factura. Este
artículo parte de una idea que escribí aquí hace casi una década —la marginalidad
fiscal— y la lleva a su consecuencia lógica: la marginalidad del deber.
Gente que vive del sistema sin sentirse parte de él, y que con su conducta
empeora el servicio para quienes sí lo sostienen.
El punto de partida: la
marginalidad fiscal
En marzo de 2017 publiqué en este
blog un texto breve titulado Marginalidad
Fiscal.
Mi tesis era sencilla: a fuerza de rebajar, eximir y bonificar, el sistema
tributario español había expulsado a dos grupos. Por arriba, a quienes más
tienen, beneficiados por la erosión del IAE, la fiscalidad de los fondos de
inversión, el Patrimonio descafeinado y la carrera autonómica a la baja en
Sucesiones. Por abajo, a quienes quedaron exentos de toda tributación como
“carnaza” para dulcificar lo anterior.
El
resultado, decía entonces, es que la carga recae sobre la franja del medio
—clases medias y trabajadores algo menos precarios— y que ambos extremos dejan
de sentirse parte del sistema. Mi propuesta: que todos aporten según su
capacidad, aunque sea poco, para que todos sientan lo público como algo propio.
El
diagnóstico sigue vigente, pero se quedaba en el lado de los ingresos.
Falta mirar el lado del gasto: qué pasa cuando quien no aporta, o aporta
mucho menos de lo que debería, se sienta en primera fila a la hora de recibir.
Ahí la marginalidad fiscal se convierte en algo más corrosivo: el
aprovechamiento sistemático de lo público por quien tiene la cara dura
suficiente para hacerlo.
El deber constitucional:
todos contribuyen, nadie queda fuera
La Constitución no deja margen a la
duda. Su artículo 31.1 establece que
“todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su
capacidad económica”, mediante un sistema tributario justo, inspirado en la
igualdad y la progresividad, y nunca confiscatorio.
La
palabra clave es todos. El texto no excluye a nadie. La capacidad
económica decide cuánto aporta cada uno, no si aporta. Quien más
tiene debe aportar más, y quien menos tiene, menos. Pero ningún ciudadano queda
al margen del deber. Dejar exento un mínimo vital es razonable y justo;
convertir esa exención en una salida del sistema, no.
Ese
deber tiene, además, una cara que suele olvidarse: la del gasto. El artículo 31.2 obliga a que el
gasto público haga una asignación equitativa de los recursos y responda a
criterios de eficiencia y economía. Es decir, la Constitución no solo pide que
todos paguen con justicia; también pide que lo recaudado se reparta con
justicia.
De
ahí se sigue algo incómodo para muchos. Quien oculta ingresos para cobrar una
beca incumple el artículo 31 dos veces: no contribuye según su capacidad real
y, además, se lleva un recurso que la Constitución quiere asignado con equidad.
No es un pícaro simpático. Es alguien que rompe el pacto constitucional por los
dos extremos.
Una
contribución justa no significa que paguen siempre los mismos, ni que el que
menos tiene quede liberado de todo compromiso. Significa que cada uno aporte lo
que de verdad puede, que declare lo que de verdad gana y que reciba lo que de
verdad necesita. Por eso defiendo que todos los ciudadanos con ingresos
estén dentro del sistema, aunque su cuota final sea cero o casi cero: con
una declaración que refleje su situación real. Estar dentro es la condición
para sentirse parte; y sentirse parte, la mejor vacuna contra el abuso.
Becas y ayudas: el premio
a quien declara poco
Casi todas las ayudas de carácter
social en España —becas de comedor, libros, guardería, transporte, actividades
extraescolares, bonificaciones municipales— miran lo mismo: la renta declarada.
La beca de comedor se calcula sobre la base imponible
general y del ahorro del IRPF
de la unidad familiar, dividida entre sus miembros. Lo que no está en la
declaración, sencillamente, no existe para la Administración.
Ahí
está la trampa. Una familia de asalariados con dos nóminas modestas puede
quedarse fuera por unos cientos de euros. Otra que factura la mitad de su
actividad sin IVA, cobra alquileres en efectivo o trabaja “sin papeles” aparece
en la base de datos como pobre de solemnidad. Y pasa por delante.
No
es un problema menor ni teórico:
•
La economía sumergida en España se estima entre el 15 % y
el 25 % del PIB
según la metodología; el estudio del CEPR citado por Gestha la sitúa en el 24 %, tercera de
Europa tras Grecia e Italia.
•
Andalucía figura entre las comunidades con mayor
peso relativo, con estimaciones en torno al 23-26 % del PIB
regional.
•
Aunque la ocultación de rentas ha bajado, los
españoles solo declaraban en 2022 en torno al 85 % de la renta
que obtenían.
Las ayudas son limitadas. Las
convocatorias tienen presupuesto cerrado y lista de admitidos. Según un estudio
de Educo, los sistemas de beca de comedor dejan fuera a la
mitad de las familias que la solicitan, la mayoría por superar el límite de
renta. Cada plaza que ocupa quien oculta ingresos es una plaza que pierde quien
los declara. No es un fraude “contra el Estado” en abstracto: es un fraude
contra el vecino.
El subsidio de mayores de
52: de red de seguridad a prejubilación pactada
El subsidio para mayores de 52 años
es una de las ayudas más justas del sistema. Protege a quien ha trabajado al
menos 15 años, pierde su empleo a una edad en la que nadie le contrata y
necesita llegar a la jubilación sin hundir su pensión. Paga unos 480 euros al
mes y, lo más valioso, cotiza para la
jubilación sobre el 125 % de la base mínima hasta la edad ordinaria.
Precisamente
por ser tan valioso, se ha convertido en una herramienta de planificación. La
reforma de 2019 bajó la edad de 55 a 52 años, permitió cobrarlo hasta la
jubilación ordinaria y pasó a medir la renta de forma individual, sin
mirar la de la familia. Desde entonces, los perceptores han pasado de 293.891 en marzo
de 2019 a 464.664 en mayo de 2026,
un 58 % más.
Parte
de ese aumento es envejecimiento y paro de larga duración real. Pero cualquiera
que conozca de cerca el mercado laboral reconoce el otro patrón:
•
El despido “pactado” a los 52 o 53 años,
indemnización en el bolsillo, paro contributivo y después subsidio hasta los 65
o 67.
•
El perceptor que, mientras cobra y cotiza a
cargo del SEPE, sigue haciendo “trabajillos” sin declarar.
•
El perceptor que no tiene rentas a su nombre
pero vive en un hogar con patrimonio y buenos ingresos, porque el cónyuge no
computa.
No lo dice solo la barra del bar.
Fedea calcula que la reforma costará 17.935 millones
de euros adicionales hasta 2030
y advierte de su efecto desincentivador sobre la vuelta al empleo. La OCDE ha pedido
revisar su diseño por dar ventajas que no tienen otros parados. Y la AIReF
constata que el cobro
simultáneo del IMV y del subsidio se duplica a partir de los 52 años, y propone
revisar la coherencia entre ambas ayudas.
El
problema no es el subsidio. Es que una protección pensada para el desempleado
sin salida se use como prejubilación encubierta, pagada por quienes siguen
trabajando.
Pensiones con apenas
cotización: lo que es justicia y lo que es trampa
Aquí conviene separar con cuidado,
porque no todo el que cobra sin haber cotizado mucho es un aprovechado.
La
pensión no contributiva existe para quien llega a los 65 años, o tiene
una discapacidad, sin recursos y sin 15 años cotizados. En 2026 son 628,80 euros al
mes en 14 pagas,
con requisitos de residencia y de carencia de ingresos. Es un suelo de
dignidad: muchas mujeres que cuidaron toda su vida sin contrato, o trabajadores
del campo que nunca tuvieron papeles, cobran esto. Defenderla es defender el
sistema.
La
trampa es otra, y tiene dos formas principales:
1.
Comprar la cotización. Empresas
ficticias, sin actividad ni trabajadores reales, que venden altas en la
Seguridad Social. En una trama desarticulada en Valencia, las falsas empleadas
pagaban 400 euros por el
alta y entre 250 y 300 al mes
para generar derecho a prestaciones. El Tribunal Supremo ha confirmado en 2025
condenas por altas ficticias
usadas para mejorar una jubilación anticipada. Son esquemas que la Inspección de
Trabajo ha detectado una y otra vez en sectores como el agrario o la
construcción.
2.
Ocultar los ingresos. La no contributiva
exige carecer de rentas suficientes. Quien cobra alquileres en efectivo, tiene
un negocio familiar sin declarar o recibe ingresos del extranjero no
comunicados, aparece como necesitado y cobra lo que no le corresponde.
En ambos casos, la víctima no es “el
Estado”. Es el trabajador que cotizó 38 años y ve cómo cada reforma le exige
más años, más edad y una base reguladora más larga, mientras otros entran por
la puerta de atrás.
Urgencias: el colapso que
pagamos todos
Un catarro de tres días, un dolor de
muelas, un justificante para el trabajo, una analítica que “en el centro de
salud tardan mucho”. Cualquiera que haya esperado seis horas en urgencias con
un familiar grave sabe de lo que hablamos.
Los
datos lo confirman. En España, más del 90 % de las visitas a urgencias
hospitalarias se hacen por iniciativa del
propio paciente,
y los estudios sitúan el porcentaje de visitas inadecuadas —que podrían haberse
resuelto en atención primaria— entre el 25 % y el 80 %, según el criterio
usado. La propia SEMES, la sociedad de médicos de urgencias, insiste en que la puerta de
entrada debe ser la atención primaria
y que las urgencias hospitalarias deben reservarse para lo grave.
Seamos
justos: una parte de ese uso se explica por la dificultad real de conseguir
cita en el centro de salud. Cuando el médico de familia da cita a dos semanas,
la gente busca otra puerta. Pero otra parte es pura comodidad: “allí me hacen
todo de una vez”. Y cada caso banal que ocupa un box retrasa al infarto, al
ictus o al niño con fiebre alta que llega detrás. Es la forma más visible de un
mismo vicio: usar lo común como si fuera propio y gratuito.
El daño real: no es solo dinero
El coste económico es evidente: cada euro mal
asignado es un euro que no llega a quien lo necesita, o que hay que recaudar de
nuevo a los mismos de siempre. Pero el daño más profundo es otro, y es el que
ya intuía el artículo de 2017.
•
Se rompe el contrato social. El Estado
del bienestar funciona porque la mayoría acepta pagar a cambio de una
protección que siente justa. Cuando el contribuyente honrado percibe que paga
para que otros abusen, deja de defender el sistema. Y empieza a pensar que el
tonto es él.
•
Se castiga al que cumple. La familia que
declara todo pierde la beca. El parado que busca trabajo de verdad compite con
el que cobra y hace chapuzas. El paciente grave espera detrás del que va por un
resfriado.
•
Se alimenta el discurso del recorte. Cada
abuso conocido es munición para quienes quieren desmontar lo público. “Para qué
financiar ayudas si se las llevan los listos”. Los aprovechados son los mejores
aliados de quienes quieren menos Estado.
•
Se estigmatiza a los vulnerables. Por
culpa de unos pocos, la sospecha cae sobre todos los que reciben una ayuda,
incluidos los que más la necesitan y menos se atreven a pedirla.
Quien abusa de lo público no le roba a una
abstracción. Le roba a su vecino, al enfermo de la sala de espera y al
trabajador que madruga. Y, de paso, le da argumentos a quien quiere acabar con
todo.
Soluciones: menos
indignación y más gestión
Quejarse es fácil. Estas son medidas
concretas, la mayoría al alcance de la Administración con las herramientas que
ya tiene.
Para
las ayudas sociales y las becas
1.
Cruce de datos real y automático entre
AEAT, Seguridad Social, SEPE, Catastro, DGT y comunidades autónomas antes de
conceder cualquier ayuda. Si una familia declara 9.000 euros y tiene dos
vehículos nuevos, una segunda vivienda o movimientos bancarios incoherentes, la
solicitud debe revisarse.
2.
Mirar el patrimonio, no solo la base
imponible. Incluir indicadores de patrimonio y signos externos en los
baremos, como ya se hace en algunas becas universitarias.
3.
Reintegro con intereses y exclusión temporal
de cualquier ayuda pública para quien la obtenga ocultando ingresos. Que el
fraude no salga gratis ni se quede en “devuelve lo cobrado”.
Para
el subsidio de mayores de 52
4.
Volver a un test de rentas que considere el
hogar, o al menos su patrimonio, para que no cobre quien vive con holgura a
cargo de otro miembro de la familia.
5.
Controlar los despidos pactados en la
franja de 50 a 55 años y exigir búsqueda activa de empleo con seguimiento real,
no solo formal.
6.
Ordenar la compatibilidad con el IMV,
como recomienda la AIReF, para que cada necesidad se cubra por una sola vía.
Para
las pensiones
7.
Inspección prioritaria de empresas sin
actividad real y de los autorizados RED que gestionan altas masivas, como
ya propone el propio Observatorio de lucha contra el fraude de la Tesorería.
8.
Revisión periódica de rentas de los
perceptores de pensiones no contributivas, incluidas rentas del extranjero,
mediante el intercambio automático de información entre países.
Para
la sanidad
9.
Reforzar la atención primaria primero. En
Inglaterra, mejorar el acceso a primaria redujo entre un
10 % y un 15 % las urgencias hospitalarias. Sin esto, todo lo demás es castigar
al paciente por un fallo del sistema.
10.
Triaje con derivación efectiva de los
casos leves a centros de salud o puntos de atención continuada, como ya hacen
parte de los hospitales catalanes.
11.
Informar del coste. Una “factura
informativa” tras cada atención recuerda que lo gratuito en el momento de uso
lo pagamos entre todos.
Y
una medida de fondo, que recoge el espíritu de 2017
12.
Combatir la economía sumergida en origen:
menos efectivo, más trazabilidad de pagos, más inspección sectorial y menos
amnistías. Mientras una parte de la población viva fuera del radar fiscal, todo
baremo basado en la renta declarada premiará al que oculta.
No va de raza ni de
religión: va de responsabilidad
Conviene decirlo claro para que nadie
lo retuerza. Esto no va de españoles contra extranjeros, ni de pobres contra
ricos, ni de una religión contra otra. Hay aprovechados con apellidos de toda
la vida y con apellidos de cualquier parte del mundo. Igual que hay, en todos
esos grupos, gente que trabaja, declara y cotiza hasta el último euro.
Tampoco
conviene exagerar. Por cada caso de abuso hay muchas personas que tienen
derecho a una ayuda y ni siquiera la piden, por desconocimiento o por
vergüenza. Y el gran fraude, el que más dinero mueve, sigue estando arriba: en
la planificación fiscal agresiva y en las bases imponibles que nunca llegan a
España. Combatir el abuso de abajo sin combatir el de arriba sería repetir, al
revés, el error que denunciaba el artículo de 2017.
La
línea que separa no es el origen ni la renta. Es la actitud. Quien se siente
parte del sistema lo cuida, aporta lo que puede y toma lo que necesita. Quien
no se siente parte lo exprime. La marginalidad fiscal de la que hablaba en 2017
produce, a la larga, esta marginalidad del deber.
La
solución no es recortar lo público, sino protegerlo. Que pague quien debe, que
cobre quien lo necesita y que el que hace trampas sepa que le van a pillar. Un
sistema que no distingue entre el que lo sostiene y el que lo saquea acaba
perdiendo a ambos.
Paco Medina
Fuentes
•
Paco Medina, Marginalidad Fiscal, 21/03/2017
•
BOE, Constitución Española, artículo 31
•
Qué!, El subsidio para mayores de 52 años dispara sus
beneficiarios tras la reforma,
30/06/2026 (datos SEPE y estudio de Fedea)
•
Qué!, Reforma del subsidio para mayores de 52: coste
según Fedea, 23/06/2026
•
Finantres, El cobro simultáneo de IMV y subsidio se duplica
desde los 52 años (5ª opinión de
la AIReF sobre el IMV)
•
El Independiente, La OCDE y el subsidio de mayores de 52 años
•
Bankinter, Subsidio para mayores de 52 años: preguntas
frecuentes
•
El Debate, España lidera la economía sumergida junto a Grecia
e Italia
•
Diari de Tarragona, La economía sumergida ronda el 15 % del PIB
•
Euribor.com.es, Comunidades con más economía sumergida
•
El Español, Evasión fiscal en el IRPF
•
Corresponsables, Las becas de comedor dejan fuera a la mitad de las
familias
•
Hacecuentas, Umbrales de renta de la beca de comedor
•
Finantres, Pensiones no contributivas en 2026
•
El Periòdic, Falsas empresas de limpieza para obtener
prestaciones
•
Iberley, STS Sala de lo Penal, 19/11/2025
•
Revista Emergencias, Atenciones en urgencias a demanda del paciente y editorial 2019
•
Valencia Plaza, SEMES y el uso de urgencias

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